La Toma del Palacio de Justicia y la Comisión de la “Verdad”

En un conflicto armado la verdad no es un hecho circunstancial. Una moneda que cae en cara o cruz dependiendo del partido político que la ponga al aire. O un as bajo la manga que los comisionados en la búsqueda de la verdad, pueden jugar a favor de sus pretensiones, o perspectivas a futuro. La verdad en un conflicto armado es una necesidad primordial para la reconciliación. La llave que -en casos como el colombiano- le ha hecho falta durante tantos años a todos los intentos de paz. Y el tiempo que se tome en buscar y aceptar esas verdades laterales que sostienen a los opositores armados, de cualquiera o todos los lados, es la mitad del tiempo que va a tomar un consciente y efectivo ejercicio de reconciliación entre los diferentes lados.
No importa a quien le guste, le convenga o no esa verdad. Tampoco importa cuanto le cueste económica, social y/o políticamente al país arribar a esa, o a la pluralidad de verdades que acaezcan en la búsqueda de la verdad, pero conclusiones como las sacadas por la Comisión de la Verdad sobre la Toma del Palacio de Justicia, solo alejan al país de esas verdades fundamentales para la reconciliación. Pues no buscan verdades, solo remiten comunicados oficiales publicados hace más de veinte años. Y no aprovechan el no tener las limitaciones jurídicas y políticas con que contaban los jueces y fiscales que para la época de los hechos se encargaron de llevar a cabo las investigaciones.
Probado está, no por los “singulares” juicios de la justicia penal militar colombiana, o los “responsables” informes de los altos mandos militares de la época, sino por informes de medicina legal como el publicado por el juzgado 30 de Instrucción Criminal, el cual comprobó hace ya varios años, no con versiones sueltas e inconfirmables, sino con pruebas de balística, reconstrucción de los hechos en tercera dimensión y el estudio minucioso de los restos, que el magistrado Manuel Gaona Cruz no fue asesinado como lo asegura la señalada de la Comisión de la Verdad, por miembros del comando guerrillero del M-19 que llevaron a cabo la operación “Antonio Nariño por los Derechos del Hombre” como respuesta a la violación por parte del entonces gobierno Betancourt de los acuerdos de paz de Corinto, sino por miembros del Ejercito Colombiano que en medio del desenfreno por retomar el Palacio, y la falta de coordinación entre unos y otros por la persistencia de los celos por los créditos prefirieron actuar como cuerpos independientes.
Pero las imputaciones irresponsables no se quedan allí. Según la Comisión el entonces presidente de la corte constitucional fue asesinado por un disparo a la altura de la cabeza o el cuello por el jefe guerrillero Andrés Almarales. Pero contrario a ello, se sitúan las declaraciones de quienes compartieron las últimas horas de vida con el entonces jefe guerrillero, los mismos que aún entonces, lejos de posibilidades de presiones o temores, continúan afirmando lo mismo, en ningún momento Almarales, o alguno de los jefes guerrilleros fue displicente, o siquiera cercano a lo que por años han repetido los mandos militares y lo que ahora repite la Comisión de la verdad.
Sin embargo las “conclusiones” de la comisión no se quedan allí. Pues ésta asegura, según el testimonio de alias “Popeye”, anterior sicario al servicio de Pablo Escobar, que la toma del Palacio fue pagada por Pablo Escobar para eliminar las pruebas a favor de la extradición de la Corte Suprema de Justicia.
Pero si los guerrilleros del M-19 se hubieran tomado el Palacio de Justicia, no para denunciar al Presidente de la Republica ante el más alto estamento judicial por la violación de los acuerdos de paz de Corinto, como lo aseguraban los guerrilleros, sino para asesinar a los magistrados, por cualquier razón que pudieran tener, ni el hermano del entonces presidente de la republica quien en ese entonces se encontraba en las instalaciones del palacio, ni la esposa del entonces ministro de gobierno Jaime Castro hubieran salido con vida de esas instalaciones.
Y si su propósito hubiese sido desaparecer los archivos de los entonces extraditables, solo hubiesen precisado de un comando mucho mas pequeño que hubiera realizado una operación del estilo y el éxito del sustraimiento de las armas del Cantón Norte, para poder cumplir con la tarea, sin que ello implicara las vidas de esos mejores cuadros que le costó al M-19 la operación del Palacio de Justicia.
Que tan apropiada o inapropiada era la toma del Palacio de Justicia en las circunstancias políticas de entonces es otra discusión, pero sólo para alimentarla, las fuerzas de seguridad del Estado habían descubierto un mes antes los planes del grupo guerrillero de llevar a cabo este cometido. Pero como de costumbre, la seguridad de las instalaciones solo fue reforzada por un par de semanas al cabo de lo cual fue dejada incluso mas frágil que antes.
Por ello, si la Comisión de la Verdad que de seguro vendrá para la elucidación de los delictivos hechos de los paramilitares va a hacer lo mismo que acaba de hacer la Comisión de la Verdad del Palacio de Justicia, entonces es mejor que no nos jodan mas, que nos dejen sin verdad y sin mas, que no nos cultiven los mitos que se quiere que creamos, y nos dejen buscar por los lados, las posibilidades de construirnos con verdades a medias y sobretodo no institucionales, el pasado y el futuro de lo que podremos ser a pesar de todo aquello que tratan de hacer.
La verdad no es una posibilidad, es una necesidad y como tal debe ser vista. No es un adorno, es precisamente la parte que nos hace falta. El puente que va de la selva en donde permanecen los armados a las adornadas sillas del poder donde hoy se sientan los administradores y legisladores del país. Depende de cada uno de nosotros que tanta ventaja sigan sacando quienes juegan a los lados, mientras los del medio solo sufren las consecuencias de la institucionalidad del centro o de la selva.




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