La Toma del Palacio de Justicia y la Comisión de la “Verdad”

En un conflicto armado la verdad no es un hecho circunstancial. Una moneda que cae en cara o cruz dependiendo del partido político que la ponga al aire. O un as bajo la manga que los comisionados en la búsqueda de la verdad, pueden jugar a favor de sus pretensiones, o perspectivas a futuro. La verdad en un conflicto armado es una necesidad primordial para la reconciliación. La llave que -en casos como el colombiano- le ha hecho falta durante tantos años a todos los intentos de paz. Y el tiempo que se tome en buscar y aceptar esas verdades laterales que sostienen a los opositores armados, de cualquiera o todos los lados, es la mitad del tiempo que va a tomar un consciente y efectivo ejercicio de reconciliación entre los diferentes lados.
No importa a quien le guste, le convenga o no esa verdad. Tampoco importa cuanto le cueste económica, social y/o políticamente al país arribar a esa, o a la pluralidad de verdades que acaezcan en la búsqueda de la verdad, pero conclusiones como las sacadas por la Comisión de la Verdad sobre la Toma del Palacio de Justicia, solo alejan al país de esas verdades fundamentales para la reconciliación. Pues no buscan verdades, solo remiten comunicados oficiales publicados hace más de veinte años. Y no aprovechan el no tener las limitaciones jurídicas y políticas con que contaban los jueces y fiscales que para la época de los hechos se encargaron de llevar a cabo las investigaciones.
Probado está, no por los “singulares” juicios de la justicia penal militar colombiana, o los “responsables” informes de los altos mandos militares de la época, sino por informes de medicina legal como el publicado por el juzgado 30 de Instrucción Criminal, el cual comprobó hace ya varios años, no con versiones sueltas e inconfirmables, sino con pruebas de balística, reconstrucción de los hechos en tercera dimensión y el estudio minucioso de los restos, que el magistrado Manuel Gaona Cruz no fue asesinado como lo asegura la señalada de la Comisión de la Verdad, por miembros del comando guerrillero del M-19 que llevaron a cabo la operación “Antonio Nariño por los Derechos del Hombre” como respuesta a la violación por parte del entonces gobierno Betancourt de los acuerdos de paz de Corinto, sino por miembros del Ejercito Colombiano que en medio del desenfreno por retomar el Palacio, y la falta de coordinación entre unos y otros por la persistencia de los celos por los créditos prefirieron actuar como cuerpos independientes.
Pero las imputaciones irresponsables no se quedan allí. Según la Comisión el entonces presidente de la corte constitucional fue asesinado por un disparo a la altura de la cabeza o el cuello por el jefe guerrillero Andrés Almarales. Pero contrario a ello, se sitúan las declaraciones de quienes compartieron las últimas horas de vida con el entonces jefe guerrillero, los mismos que aún entonces, lejos de posibilidades de presiones o temores, continúan afirmando lo mismo, en ningún momento Almarales, o alguno de los jefes guerrilleros fue displicente, o siquiera cercano a lo que por años han repetido los mandos militares y lo que ahora repite la Comisión de la verdad.
Sin embargo las “conclusiones” de la comisión no se quedan allí. Pues ésta asegura, según el testimonio de alias “Popeye”, anterior sicario al servicio de Pablo Escobar, que la toma del Palacio fue pagada por Pablo Escobar para eliminar las pruebas a favor de la extradición de la Corte Suprema de Justicia.
Pero si los guerrilleros del M-19 se hubieran tomado el Palacio de Justicia, no para denunciar al Presidente de la Republica ante el más alto estamento judicial por la violación de los acuerdos de paz de Corinto, como lo aseguraban los guerrilleros, sino para asesinar a los magistrados, por cualquier razón que pudieran tener, ni el hermano del entonces presidente de la republica quien en ese entonces se encontraba en las instalaciones del palacio, ni la esposa del entonces ministro de gobierno Jaime Castro hubieran salido con vida de esas instalaciones.
Y si su propósito hubiese sido desaparecer los archivos de los entonces extraditables, solo hubiesen precisado de un comando mucho mas pequeño que hubiera realizado una operación del estilo y el éxito del sustraimiento de las armas del Cantón Norte, para poder cumplir con la tarea, sin que ello implicara las vidas de esos mejores cuadros que le costó al M-19 la operación del Palacio de Justicia.
Que tan apropiada o inapropiada era la toma del Palacio de Justicia en las circunstancias políticas de entonces es otra discusión, pero sólo para alimentarla, las fuerzas de seguridad del Estado habían descubierto un mes antes los planes del grupo guerrillero de llevar a cabo este cometido. Pero como de costumbre, la seguridad de las instalaciones solo fue reforzada por un par de semanas al cabo de lo cual fue dejada incluso mas frágil que antes.
Por ello, si la Comisión de la Verdad que de seguro vendrá para la elucidación de los delictivos hechos de los paramilitares va a hacer lo mismo que acaba de hacer la Comisión de la Verdad del Palacio de Justicia, entonces es mejor que no nos jodan mas, que nos dejen sin verdad y sin mas, que no nos cultiven los mitos que se quiere que creamos, y nos dejen buscar por los lados, las posibilidades de construirnos con verdades a medias y sobretodo no institucionales, el pasado y el futuro de lo que podremos ser a pesar de todo aquello que tratan de hacer.
La verdad no es una posibilidad, es una necesidad y como tal debe ser vista. No es un adorno, es precisamente la parte que nos hace falta. El puente que va de la selva en donde permanecen los armados a las adornadas sillas del poder donde hoy se sientan los administradores y legisladores del país. Depende de cada uno de nosotros que tanta ventaja sigan sacando quienes juegan a los lados, mientras los del medio solo sufren las consecuencias de la institucionalidad del centro o de la selva.




hollman.lozano@yahoo.ca

Lula y las elecciones en Brasil

Durante muchos años la principal preocupación de la dirigencia política brasileña era insertar a Brasil en el grupo de países industrializados. Es decir, sacarlo económicamente del tercer mundo aunque geográficamente estuviese insertado en el. Con un trabajo organizado se logro la mayor parte de ello, sin embargo esto no aplico para la mayoría de los brasileños, pues mientras en algunos sectores de Brasilia y Río de Janeiro se vive en la más absoluta opulencia, en sectores marginales conocidos como “fabelas” las condiciones sociales solo han empeorado con el desesperado afán de insertar a Brasil en el grupo de países industrializados, llevando incluso a potenciar fenómenos como el de los “sin tierra”, los cuales toman por la fuerza extensiones de terreno baldías normalmente pertenecientes a acaudalados brasileños.
En ese contexto, el ex-sindicalista Luís Ignacio Lula Da Silva, se presenta a elecciones por el Partido de los Trabajadores, con propuestas políticas y sociales para sacar del abandono a todos aquellos que no cupieron en la industrialización de Brasil. De esta manera gana sus primeras elecciones presidenciales y accede a la presidencia del mencionado país. Sin embargo, miembros de su partido se ven penosamente envueltos en escándalos de corrupción que si bien no parecen lesionar directamente a Lula, logran por lo menos lastimar los márgenes de maniobrabilidad política del presidente brasileño.
Así trasciende el primer mandato de Lula, al cabo del cual se presenta a elecciones para continuar en el poder. Las firmas especializadas de encuestas lo señalan como el ganador de las elecciones a pesar de los señalados escándalos de corrupción de su partido; pero contrario a ello se manifestaron los brasileños, quienes han sabido enviar un claro mensaje a Lula y a los miembros del Partido de los Trabajadores, al someterlos a una segunda vuelta electoral en su carrera por la permanencia en la presidencia de Brasil.
Si bien es cierto que los índices de aceptación de la gestión de lula son diferentes dependiendo el sector poblacional que se mire, los escándalos de corrupción de su partido, así como la percepción de que su gobierno no se preocupa por los sectores de clase media, lograron afectar la percepción de aquellos sectores marginales en los cuales la campaña de Lula descargaba sus esperanzas acerca de la reelección, hasta el punto que, plantean serios interrogantes acerca de lo que será su maniobrabilidad ya en el poder.
Por ello, la frase que debería imperar en los discursos de Lula y las percepciones del Partido de los Trabajadores es que; el camino que están haciendo es el camino, pero hay cosas que corregir.
En ese sentido debe ser asimilado el triunfo que obtendría Lula en la segunda vuelta. Pues si bien este mantiene al candidato del Partido de los Trabajadores en el poder, éste triunfo está condicionado a que se ejerzan los correctivos necesarios para que, incluso esos sectores de clase media que tradicionalmente se mostraron como simpatizantes del Partido de los Trabajadores, regresen a sus filas.
Lo contrario, continuar por el mismo camino, suponer las dificultades del triunfo en primera vuelta como fruto producto del trabajo de los enemigos de la lucha de los trabajadores, o “el proletariado”, solo conduciría a Brasil a la ingobernabilidad y el caos, del que hace algunos años logro salir.

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Pinochet y el Futuro de Chile

Luego de 91 años de vida y mas de un cuarto de siglo de haber instaurado uno de los temidos regimenes de terror, el general chileno Augusto Pinochet ha muerto en la plácida calma de un hospital de su país, rodeado de los suyos.

Pinochet ha muerto de lo que se debe morir la gente; de vieja, y no por opresión de una bota militar, o un disparo que desde la verja opuesta se opone a las ideas que difieren de las suyas.

Atrás ha quedado la idea de justicia. La posibilidad de reconciliar a miles de chilenos con su memoria, con lo que fue de sus seres queridos como paso fundamental de un proceso necesario de sanación emocional y mental que requieren todos aquellos que aún padecen las consecuencias del 11 de septiembre de 1973.

Pero curiosamente, lo que salvo a Augusto Pinochet de la acción de la justicia no fue la decidida acción de sus abogados que justificaron jurídica y políticamente la necesidad del Golpe de Estado de 1973, así como los subsecuentes asesinatos, encarcelamientos y desapariciones de miles de chilenos a manos de la temida “operación cóndor”.

Lo que salvo a Pinochet de la cárcel, que no del escarnio público internacional, fue apelar a la compasión que despertó en algunos su cuerpo viejo y enfermo, compasión que ni él, ni sus despiadados colaboradores fueron capaces de sentir durante el oscuro periodo de terror vivido por chile.

El futuro sin embargo no aparece más claro. El hecho de que Augusto Pinochet sea aún considerado miembro de honor por el ejército chileno, “por salvar a Chile de las garras del marxismo”, solo muestra que tan lejos está este ejercito de la institucionalidad y el carácter no deliberativo como razón de ser de los cuerpos castrenses, y que tan cerca del terror como herramienta valida para cuando lo considere necesario.

Pero a pesar de ello, y de las exóticas hordas de simpatizantes que aún despiertan las fatídicas acciones de Pinochet, chilenos de uno y otro lado deben hacer cuanto esté a su alcance para recuperar la memoria, no para dolerse en ella, sino para tener presente día tras día que el terror es una alternativa peor que la peor de las ideas políticas.

Del trágico pasado chileno debe quedar como lección para los tiempos que vendrán, que las injerencias de terceros países, sean imperialistas propensos a las armas, o de izquierdas petroleras son siempre negativos. Una cosa es la solidaridad y el camino común de pueblos hermanos que se construyen en luchas compartidas, y muy otro la imposición de rutas y lados de la mesa, por una u otra prebenda, pues los lados no son el problema, el problema es tener que escoger de que lado se está.


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Paramilitares y el Futuro de Colombia; Tres Alternativas

Frente a las ampliamente conocidas relaciones entre representantes de la clase política y los grupos paramilitares, Colombia tiene solo tres opciones.
La primera es iniciar un proceso catarquico a partir del cual cuestione las razones del porque y para que de las relaciones entre el paramilitarismo, los diferentes niveles de la política, el local, el regional, la infiltración en los diversos estamentos de control, así como en las fuerzas armadas, y los mecanismos que en adelante se deben llevar a cabo para que esta clase de aberraciones, por ninguna razón y bajo ninguna circunstancia vuelvan a llevarse a cabo. Para ello será necesario que los jefes paramilitares cumplan su palabra según la cual denunciaran a todos aquellos que tuvieron que ver con ellos, los financiaron y apoyaron, para llevar a cabo el cabal esclarecimiento de los hechos. Pero esta vez, se necesitaran mas que mentiras o reinsertados falsos, que solo se saben las dos primeras estrofas del himno de las autodefensas, desconocen las mas elementales tácticas de sobre vivencia en el monte, pero son maestros en el hurto a mano armada y el sicariato. Si en algo es cierta la voluntad de paz de los jefes paramilitares, este es uno de los puntos principales para comenzar a demostrarla.
La segunda alternativa será hacer de cuenta que aquí no ha pasado nada. Cerrar las investigaciones, permitir que aquellos políticos que sean hallados responsables de colaborar, participar y representar el paramilitarismo, se sometan a la ley de justicia y paz, trabajen y/o estudien en las cárceles y al cabo de ocho años, estén de vuelta al capitolio nacional, alcaldías y gobernaciones, a través del sostenimiento soterrado de las estructuras de terror que aún persisten.
La tercera es que se lleve a cabo un juicio que parezca independiente. Un juicio que aparezca que se lleva de cara al país, pero que tras bambalinas se arregla para preservar lo que en algunos círculos políticos se entiende como “la institucionalidad”. Algo parecido a lo que se llevo a cabo con el proceso ocho mil, un proceso presuntamente independiente que al final solo va tras cabezas de peces menores pero que deja intactos a los verdaderos cerebros detrás de las acciones más deleznables.
Frente a las señaladas alternativas la única viable es la primera. Un compromiso de los jefes paramilitares con la verdad y la justicia que desmantele las estructuras de terror que han mantenido hasta entonces, de manera que si es cierto que no tienen nada que ver con los denominados paramilitares de tercera generación, hagan mas difícil el sostenimiento y crecimiento de estas estructuras. Al tiempo que conminan públicamente a Vicente Castaño y a aquellos que aun permanecen fuera del cumplimiento de lo acordado a someterse a la justicia.
Las otras dos alternativas lo único que harán será dejar la puerta abierta para que las diferencias entre los colombianos se sigan resolviendo por la vía armada. Es decir, extender más en el tiempo la posibilidad de que de una vez por todas los colombianos decidan asumir la reconciliación como una necesidad y pagar el precio necesario por esta.
Exento de todo esto no está el gobierno actual. Al pueblo colombiano y a la comunidad internacional debe enviarles un mensaje claro y contundente, que de una vez por todas desvirtúe los rumores acerca de su cercanía con los paramilitares. Es necesario hacer un llamado público y serio al señor Vicente Castaño. O se somete a la justicia en un periodo máximo de dos semanas o el gobierno colombiano autorizara de manera irrevocable su extradición, pues es un hecho demostrado, su falta de voluntad de paz.
El pueblo colombiano, está y va a continuar pagando un precio muy alto, para que solo pesos pesados se entreguen a la justicia, mientras el jefe de los jefes, el hombre de la sombra continúa a la sombra a la espera de unas circunstancias más convenientes, o unas condiciones más ventajosas.
De lo contrario las presentes negociaciones con los paramilitares, serán las primeras de una larga estela que habrá de venir, pues habrá hecho carrera la idea de que política, armas y terror son una opción en el ejercicio del poder en Colombia.



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