Contrario a la legislación canadiense, la legislación internacional respecto al tema laboral y el buen nombre en materia de derechos humanos de Canadá, miles de trabajadores latinoamericanos son empleados en violentamente indignas condiciones de trabajo a lo largo del país. Ellos, bajo el programa de “temporary foreign workers” a menudo vienen de México y diversos países de Latinoamérica a trabajar por cortos periodos de tiempo con el compromiso de que regresen a sus países de origen. Hasta allí no habría mayores inconvenientes, pues se trataría de un programa que permite a personas con experiencia trabajar legalmente en Canadá por algún periodo.
Sin embargo, sobre la práctica la idea se perdió en ventaja de los empleadores canadienses. Algunos de los trabajadores han sido obligados a aplicar pesticidas nocivos para la salud, sin la debida preparación ni los equipos de protección necesarios para ello. Además de esto, son obligados a trabajar extenuantes jornadas de doce a dieciséis horas, sin el más elemental reconocimiento de horas extras.
Todo ello auspiciado por la impunidad de su situación de temporales. Pues no cuentan con una oficina o una persona ante la cual denunciar los vejámenes de los que son objeto. De hecho ni siquiera pueden acudir a los estamentos que pretejen a los trabajadores canadienses pues sus dificultades con el idioma, además de sus jornadas de trabajo, les impiden acceder a estas posibilidades. Para el gobierno así como para los empleadores es uno de los mejores negocios. Mano de obra barata sin acceso a pensión o primas ni cesantías de ningún tipo, que dejaran dentro de poco el país. Pero el negocio no puede hacerse a costa de los menos favorecidos. Si los negocios de por si no son rentables, no deben serlo a causa de emplear a la gente por menos de lo legal, o engañarlos con aumentos de salario o ascensos que nunca se dan.
La necesidad de el empleado de conseguir un sustento no puede y no debe ser una excusa para que trabaje por lo que al empleador le de la gana de pagar. Si no es rentable no es rentable y se acabo. Pero este no es el caso en las fincas canadienses que emplean a los trabajadores inmigrantes temporales. Sus rendimientos son lo suficientemente altos como para que cumplan por lo menos con pagarles un salario mínimo que en promedio es de ocho dólares la hora en Canadá.
Pero no es solo en las fincas canadienses; en las que se pierden mas vidas por cada cien mil habitantes que en toda la industria combinada, donde se abusa de los inmigrantes temporales. La empresa Canadá Line contratista del gobierno encargada de construir bajo suelo una de las líneas de transito mas importantes para los juegos de invierno del 2010, ha sido repetidamente acusada de maltratar trabajadores temporales colombianos, a los cuales se les paga alrededor de cinco dólares hora por trabajar entre 54 y 66 horas a la semana, mientras a una aprendiz canadiense, le pagarían por lo menos quince dólares la hora por las primeras cuarenta horas de trabajo además de horas extras.
Si el gobierno canadiense ha de luchar por la mejoría de los derechos humanos alrededor del mundo, debe comenzar por impedir que esta clase de situaciones se presenten. Empezando por firmar sin mayores dilaciones la Convención Internacional de los derechos de todos los trabajadores migrantes y sus familias, la cual fue aprobada por Naciones Unidas en 1990. Lo demás son discursos de doble moral, no solo el derecho a la vida hace parte de los derechos humanos.
hollman.lozano@yahoo.ca
Sin embargo, sobre la práctica la idea se perdió en ventaja de los empleadores canadienses. Algunos de los trabajadores han sido obligados a aplicar pesticidas nocivos para la salud, sin la debida preparación ni los equipos de protección necesarios para ello. Además de esto, son obligados a trabajar extenuantes jornadas de doce a dieciséis horas, sin el más elemental reconocimiento de horas extras.
Todo ello auspiciado por la impunidad de su situación de temporales. Pues no cuentan con una oficina o una persona ante la cual denunciar los vejámenes de los que son objeto. De hecho ni siquiera pueden acudir a los estamentos que pretejen a los trabajadores canadienses pues sus dificultades con el idioma, además de sus jornadas de trabajo, les impiden acceder a estas posibilidades. Para el gobierno así como para los empleadores es uno de los mejores negocios. Mano de obra barata sin acceso a pensión o primas ni cesantías de ningún tipo, que dejaran dentro de poco el país. Pero el negocio no puede hacerse a costa de los menos favorecidos. Si los negocios de por si no son rentables, no deben serlo a causa de emplear a la gente por menos de lo legal, o engañarlos con aumentos de salario o ascensos que nunca se dan.
La necesidad de el empleado de conseguir un sustento no puede y no debe ser una excusa para que trabaje por lo que al empleador le de la gana de pagar. Si no es rentable no es rentable y se acabo. Pero este no es el caso en las fincas canadienses que emplean a los trabajadores inmigrantes temporales. Sus rendimientos son lo suficientemente altos como para que cumplan por lo menos con pagarles un salario mínimo que en promedio es de ocho dólares la hora en Canadá.
Pero no es solo en las fincas canadienses; en las que se pierden mas vidas por cada cien mil habitantes que en toda la industria combinada, donde se abusa de los inmigrantes temporales. La empresa Canadá Line contratista del gobierno encargada de construir bajo suelo una de las líneas de transito mas importantes para los juegos de invierno del 2010, ha sido repetidamente acusada de maltratar trabajadores temporales colombianos, a los cuales se les paga alrededor de cinco dólares hora por trabajar entre 54 y 66 horas a la semana, mientras a una aprendiz canadiense, le pagarían por lo menos quince dólares la hora por las primeras cuarenta horas de trabajo además de horas extras.
Si el gobierno canadiense ha de luchar por la mejoría de los derechos humanos alrededor del mundo, debe comenzar por impedir que esta clase de situaciones se presenten. Empezando por firmar sin mayores dilaciones la Convención Internacional de los derechos de todos los trabajadores migrantes y sus familias, la cual fue aprobada por Naciones Unidas en 1990. Lo demás son discursos de doble moral, no solo el derecho a la vida hace parte de los derechos humanos.
hollman.lozano@yahoo.ca
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