Por primera vez en mis veintiséis años, sentí vergüenza de ser colombiano. Cerré el periódico y no me intereso más el detalle, los diferentes ángulos de la noticia ni sus consecuencias. Y eso que en Colombia ha pasado de todo para que la cabeza gacha sea la forma de estar en el mundo. Desde la droga en el avión presidencial, pasando por innumerables masacres auspiciadas por altos mandos militares, hasta altos funcionarios públicos atacando el erario público con triquiñuelas jurídicas.
Pero los acontecimientos de esta semana son incluso más vergonzosos. La posibilidad de que un presidente de la republica salga públicamente a defender las acciones de dos militares activos por su presunta participación en un atentado que le costo la vida a varios militares; así como el cobro de recompensas por el desmantelamiento de acciones precisamente ejecutadas por ellos, en asocio con una reinsertada de las FARC simplemente no tienen nombre.
El presidente ni siquiera salió a decir que esperaba que la investigación concluyera para poder pronunciarse sobre el caso. O que la Fiscalia contaba con todo el apoyo del establecimiento para esclarecer los hechos, y agradecerle a los medios por su compromiso con la estabilidad institucional del país, NO.
A él no le interesa esperar a que la investigación se desarrolle y se puedan ver con más claridad los acontecimientos. El ya saco sus propias conclusiones. Los militares, sean cuatro, dos, uno o medio pero militares, no hicieron según él lo que los medios dicen. Pero en el remoto caso de que el ente investigador compruebe su participación en el hecho delictivo, ya el presidente ha sentado su palabra, lo hicieron para salvar la ciudadanía. De hecho en menos de una semana, pasaron de ser simples manzanas podridas que en nada comprometían la actuación de la institución como un todo, según palabras del ministro de la defensa, a estar respaldados por el propio presidente de la republica.
Militares, representantes del establecimiento, servidores públicos, matando a sus compañeros militares, ya no en la difusa visión de la manigua, que de por si ya es cuestionable, si no en plena calle de la capital y con una carro bomba. Quiere decir ello que de ahora en adelante los bogotanos, o los colombianos deben temerle a cualquier militar que se transporte en un carro civil, pues no se sabrá detrás de qué ira en su afán “salvador.” Que otras acciones de salvamento han hecho? Que otros actos de salvamento ha cometido el ejército colombiano que luego son achacados a pie juntillas a las FARC?
Hasta donde están dispuestos a ir los colombianos tras la promesa de la seguridad? Hasta la diaria incertidumbre de que un militar en la plenipotencialidad de sus poderes decida salvar “ciudadanos” a toda costa.
Que necesidad hay de discursos grandilocuentes en contra de los violentos, de convocar a la nación a estar del lado del Estado, si tenemos sorpresas como ésta.
No se trata de que se los condene por sospecha. Se trata de que se adelanten las investigaciones respectivas con el fin de determinan que fue lo que en realidad ocurrió. Pero no exonerarlos de antemano, haciendo la salvedad que si eventualmente ello sucedió, fue un acto de servicio. En un país como Colombia donde la connivencia de las fuerzas militares y el poder publico con las organizaciones armadas, situaciones como esta tienen que manejarse con toda la prudencia, claridad e independencia. Pero hay otras cosas que pueden más.
Sin embargo el presidente colombiano no se quedo ahí. Según él, el problema no es que se sepa sobre la posible participación de dos militares en semejante clase de hechos, según él, el problema es que los medios con el afán de la primicia informativa, corrompan funcionarios para obtener información. Es decir, el problema no es la posibilidad de que éstos hechos sucedan; está decidido de antemano que no ocurran y si lo hacen son actos de servicio. El problema es que se haya echo publico, que la ciudadanía se haya enterado. Una vez más se equivoca el presidente. Hace parte de los bastiones tradicionales de la democracia, el que los medios de comunicación cumplan la labor de veedores sobre las acciones de los servidores públicos, y casos como éste, demuestran por si solos la necesidad de esa veeduría, de lo contrario la pena se volverá costumbre y terminaremos justificando a los asesinos con leyes de títulos grandilocuentes.
hollman.lozano@yahoo.ca
Pero los acontecimientos de esta semana son incluso más vergonzosos. La posibilidad de que un presidente de la republica salga públicamente a defender las acciones de dos militares activos por su presunta participación en un atentado que le costo la vida a varios militares; así como el cobro de recompensas por el desmantelamiento de acciones precisamente ejecutadas por ellos, en asocio con una reinsertada de las FARC simplemente no tienen nombre.
El presidente ni siquiera salió a decir que esperaba que la investigación concluyera para poder pronunciarse sobre el caso. O que la Fiscalia contaba con todo el apoyo del establecimiento para esclarecer los hechos, y agradecerle a los medios por su compromiso con la estabilidad institucional del país, NO.
A él no le interesa esperar a que la investigación se desarrolle y se puedan ver con más claridad los acontecimientos. El ya saco sus propias conclusiones. Los militares, sean cuatro, dos, uno o medio pero militares, no hicieron según él lo que los medios dicen. Pero en el remoto caso de que el ente investigador compruebe su participación en el hecho delictivo, ya el presidente ha sentado su palabra, lo hicieron para salvar la ciudadanía. De hecho en menos de una semana, pasaron de ser simples manzanas podridas que en nada comprometían la actuación de la institución como un todo, según palabras del ministro de la defensa, a estar respaldados por el propio presidente de la republica.
Militares, representantes del establecimiento, servidores públicos, matando a sus compañeros militares, ya no en la difusa visión de la manigua, que de por si ya es cuestionable, si no en plena calle de la capital y con una carro bomba. Quiere decir ello que de ahora en adelante los bogotanos, o los colombianos deben temerle a cualquier militar que se transporte en un carro civil, pues no se sabrá detrás de qué ira en su afán “salvador.” Que otras acciones de salvamento han hecho? Que otros actos de salvamento ha cometido el ejército colombiano que luego son achacados a pie juntillas a las FARC?
Hasta donde están dispuestos a ir los colombianos tras la promesa de la seguridad? Hasta la diaria incertidumbre de que un militar en la plenipotencialidad de sus poderes decida salvar “ciudadanos” a toda costa.
Que necesidad hay de discursos grandilocuentes en contra de los violentos, de convocar a la nación a estar del lado del Estado, si tenemos sorpresas como ésta.
No se trata de que se los condene por sospecha. Se trata de que se adelanten las investigaciones respectivas con el fin de determinan que fue lo que en realidad ocurrió. Pero no exonerarlos de antemano, haciendo la salvedad que si eventualmente ello sucedió, fue un acto de servicio. En un país como Colombia donde la connivencia de las fuerzas militares y el poder publico con las organizaciones armadas, situaciones como esta tienen que manejarse con toda la prudencia, claridad e independencia. Pero hay otras cosas que pueden más.
Sin embargo el presidente colombiano no se quedo ahí. Según él, el problema no es que se sepa sobre la posible participación de dos militares en semejante clase de hechos, según él, el problema es que los medios con el afán de la primicia informativa, corrompan funcionarios para obtener información. Es decir, el problema no es la posibilidad de que éstos hechos sucedan; está decidido de antemano que no ocurran y si lo hacen son actos de servicio. El problema es que se haya echo publico, que la ciudadanía se haya enterado. Una vez más se equivoca el presidente. Hace parte de los bastiones tradicionales de la democracia, el que los medios de comunicación cumplan la labor de veedores sobre las acciones de los servidores públicos, y casos como éste, demuestran por si solos la necesidad de esa veeduría, de lo contrario la pena se volverá costumbre y terminaremos justificando a los asesinos con leyes de títulos grandilocuentes.
hollman.lozano@yahoo.ca
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