Frente a la vinculación de los senadores Álvaro García Romero, Jairo Enrique Merlano y el representante a la cámara Erick Morris Taboada a una investigación formal por parte de la Corte Suprema de Justicia, uno no deja de sorprenderse. No porque esta no esté ajustada a derecho, ni porque no existan las evidencias suficientes –desde hace cinco años existen - para vincularlos formalmente a una investigación penal, sino porque en Colombia no suelen ocurrir estos hechos.
Luego de los grandes titulares y los vacuos pronunciamientos oficiales, las investigaciones se limitan a llenarse de polvo en los anaqueles de cualquier juzgado. Pero esta vez, un poco tarde y quien sabe si llegue a algún lado, se ha decidido vincular a dos senadores y un representante por su “presunta” participación en la creación y financiamiento de grupos paramilitares, así como la posible autoría intelectual de una de las más estruendosas masacres de las que tenga memoria la atroz historia reciente de Colombia.
Pero ellos son solo tres. Lo que quiere decir, donde están los demás?
En el año 2002, en entrevista con “The Associated Press” el jefe paramilitar Salvatore Mancuso aseguro que su organización controlaba el 30 por ciento del congreso, lo cual fue entonces rápidamente desestimado por los analistas y los entes de control, a pesar de las escalofriantes evidencias que confirmaban las palabras del señor Mancuso. Pero, la vinculación formal de los tres políticos, le da veracidad a las palabras de Mancuso en ese entonces. Sin embargo, los vinculados formalmente a investigación, no constituyen ni siquiera el diez por ciento del congreso lo que querría decir que aun quedan bastantes “honorables” con demasiado cercanos lazos con el paramilitarismo.
Demás esta decir, que es necesario que los entes de control actúen con mucha mas celeridad para dar con los políticos asociados al paramilitarismo, pues cada día que pasa, las pruebas se diluyen y la vida de los testigos corre peligro de cacerías como las que han venido ocurriendo en Sucre, en las ultimas semanas.
No es solo en el plano nacional sin embargo en donde se deben llevar a cabo estas pesquisas. Pues como comienza a entreverse, la mayoría de los dineros sustraídos del erario publico que terminaron en la financiación de grupos paramilitares, fue sacado de las arcas de pequeñas alcaldías y corregimientos. Además de ello, también se debe prestar especial atención al servicio diplomático, pues hasta la fecha, solo con el caso mencionado de los tres congresistas, ha habido dos puestos asociados. El primero fue la embajada de Colombia en Chile, ocupado por Salvador Arana, y el consulado de Colombia en Frankfurt aun ocupado por la señora Teresita García Romero, hermana del senador Jairo Enrique Merlano.
A pesar de todo lo acontecido o precisamente por esto, es necesario que a los sindicados se les brinden todas las garantías procesales, no por las investiduras que a pesar de todo aun poseen, sino por el derecho constitucional que les asiste. Hace parte de las funciones del ente investigador desvirtuar las “pruebas” que desde ya pretenden esgrimir los acusados, en el sentido de que cualquier apoyo que hayan podido dar lo hicieron bajo absoluta presión de los paramilitares.
Lo anterior, no es necesario solo para hacerle justicia a la memoria de los caídos en la extravagante lucha paramilitar, o para abrir de una manera más efectiva la posibilidad del resarcimiento a tantas viudas y huérfanos. Sino sobretodo para dar un paso fundamental en el proceso de reconciliación de los colombianos con su memoria, pues del grado de verdad que se logre sacar de estos hechos, dependerá el grado de reconciliación de los colombianos, lo otro, dejar esta herida abierta, es permitir que aquellos que fueron asediados y violentados por la acción paramilitar soporten a los opositores armados de estos, repitiendo la ya cíclica rueda de sangre en Colombia.
hollman.lozano@yahoo.ca
Luego de los grandes titulares y los vacuos pronunciamientos oficiales, las investigaciones se limitan a llenarse de polvo en los anaqueles de cualquier juzgado. Pero esta vez, un poco tarde y quien sabe si llegue a algún lado, se ha decidido vincular a dos senadores y un representante por su “presunta” participación en la creación y financiamiento de grupos paramilitares, así como la posible autoría intelectual de una de las más estruendosas masacres de las que tenga memoria la atroz historia reciente de Colombia.
Pero ellos son solo tres. Lo que quiere decir, donde están los demás?
En el año 2002, en entrevista con “The Associated Press” el jefe paramilitar Salvatore Mancuso aseguro que su organización controlaba el 30 por ciento del congreso, lo cual fue entonces rápidamente desestimado por los analistas y los entes de control, a pesar de las escalofriantes evidencias que confirmaban las palabras del señor Mancuso. Pero, la vinculación formal de los tres políticos, le da veracidad a las palabras de Mancuso en ese entonces. Sin embargo, los vinculados formalmente a investigación, no constituyen ni siquiera el diez por ciento del congreso lo que querría decir que aun quedan bastantes “honorables” con demasiado cercanos lazos con el paramilitarismo.
Demás esta decir, que es necesario que los entes de control actúen con mucha mas celeridad para dar con los políticos asociados al paramilitarismo, pues cada día que pasa, las pruebas se diluyen y la vida de los testigos corre peligro de cacerías como las que han venido ocurriendo en Sucre, en las ultimas semanas.
No es solo en el plano nacional sin embargo en donde se deben llevar a cabo estas pesquisas. Pues como comienza a entreverse, la mayoría de los dineros sustraídos del erario publico que terminaron en la financiación de grupos paramilitares, fue sacado de las arcas de pequeñas alcaldías y corregimientos. Además de ello, también se debe prestar especial atención al servicio diplomático, pues hasta la fecha, solo con el caso mencionado de los tres congresistas, ha habido dos puestos asociados. El primero fue la embajada de Colombia en Chile, ocupado por Salvador Arana, y el consulado de Colombia en Frankfurt aun ocupado por la señora Teresita García Romero, hermana del senador Jairo Enrique Merlano.
A pesar de todo lo acontecido o precisamente por esto, es necesario que a los sindicados se les brinden todas las garantías procesales, no por las investiduras que a pesar de todo aun poseen, sino por el derecho constitucional que les asiste. Hace parte de las funciones del ente investigador desvirtuar las “pruebas” que desde ya pretenden esgrimir los acusados, en el sentido de que cualquier apoyo que hayan podido dar lo hicieron bajo absoluta presión de los paramilitares.
Lo anterior, no es necesario solo para hacerle justicia a la memoria de los caídos en la extravagante lucha paramilitar, o para abrir de una manera más efectiva la posibilidad del resarcimiento a tantas viudas y huérfanos. Sino sobretodo para dar un paso fundamental en el proceso de reconciliación de los colombianos con su memoria, pues del grado de verdad que se logre sacar de estos hechos, dependerá el grado de reconciliación de los colombianos, lo otro, dejar esta herida abierta, es permitir que aquellos que fueron asediados y violentados por la acción paramilitar soporten a los opositores armados de estos, repitiendo la ya cíclica rueda de sangre en Colombia.
hollman.lozano@yahoo.ca
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